Elizabeth
Castillo Guzmán
Febrero
4 de 2016
Desde
finales del siglo pasado, el tema de los derechos de la infancia se convirtió
en bandera de gobiernos, programas de primeras damas y motivo para malgastar
recursos en fiestas y celebraciones del “día del niño y la niña”, mientras el
resto de las 52 semanas que tiene el año, ellas y ellos, sobre todos quienes
viven la pobreza, la exclusión y la marginalidad, aguantan silenciosamente hambre,
maltrato y un mal cuidado. No lo digo yo, lo dicen los medios, los informes de
Unicef y las denuncias de la Procuraduría. En Colombia se asalta diariamente la
dignidad humana de la infancia. Desde el funcionario que subcontrata la
provisión de comida para favorecer a sus amigos y conocidos, hasta quien vende
alimentos en mal estado para los restaurantes escolares, y produce atrocidades
como la ocurrida recientemente en Manizales, donde 41 menores resultaron intoxicados por sánduches descompuestos.
Empezamos el año 2016 con una
brutal cuenta pendiente en materia de infamias contra la infancia. Once niños y
niñas indígenas wayuu han muerto por hambre en lo corrido del 2016. En 2015 la Defensoría
del Pueblo reveló con cifras en mano, que la plata del Programa de Alimentación
Escolar (PAE) se estaba desviando en varios departamentos de la región Caribe,
y que en la Guajira no había refrigeradores para conservar los alimentos o que
los niños debían pagar diariamente $200
a las personas que preparan sus comidas, cuando se supone que todos los costos
están solventados con los recursos que el ICBF destina a las entidades
territoriales para este fin. Existen varios casos públicamente conocidos, de
funcionarias y ex directivas de esta institución procesadas por la indebida contratación
de recursos destinados a la atención de niños de entre cero y cinco años en
estado de vulnerabilidad. Quien se apropia del dinero de la salud y el
bienestar de las niñas y los niños es un criminal, y por ello debería ser
castigado de modo severo y no con la casa por cárcel como en casos ya
conocidos.
En el Chocó
esta semana debieron enterrar más de una decena de niños y niñas que murieron
envenenados por el agua que consumieron. En Colombia sabemos hace muchos años que
la minería contamina con mercurio las aguas del Pacífico. Aunque la propia
banda Chocquitwon hiciera famoso el estribillo “Yo no me como ese pescao así sea del Chocó”, parece que a casi
nadie le importa el asunto, y las imágenes sobre lo que está sucediendo con los
pequeños y las pequeñas, es una muestra de que la infancia está en riesgo en un
país con una de las legislaciones más bien escritas en esta materia, pero con
una corrupción desmedida.
La atención
y educación de niñas y niños menores de cinco años es una de las tareas más
importantes de una sociedad, porque cuidar bien “hijos ajenos” exige una alta
dosis ética y amorosa.
En los años
ochenta del siglo pasado algunas mujeres con un profundo sentimiento de
protección de la prole, demostraron que el sentido solidario y materno
prevalece para apoyar a las más pobres, aquellas de largas jornadas de 12 horas
de trabajo doméstico o informal, que no pueden cuidar a sus hijos menores. Por eso nacieron en el seno de barrios
populares, unas señoras que conocimos como “madres comunitarias”, que
revivieron viejas prácticas de comadres y tías abuelas que cuidaban las nuevas
generaciones en casa, mientras las jóvenes madres salían en busca de la
sobrevivencia de toda la familia. Así también nacieron los hogares
comunitarios. Luego vino la política y la politiquería que todo lo daña, y
entonces todo cambió, el afán modernizador se impuso y se dijo que había que
ofrecer una atención más profesional y técnicamente soportada para garantizar
el bienestar de niñas y niños. Los recursos aumentaron para cubrir necesidades
de alimentación, seguimiento y educación inicial. Cuatro décadas después los
escándalos en la prensa sobre las infancias asaltadas son pan de cada día.
Mientras la niñez
pobre y necesitada sea vista por las redes clientelares de todas las estirpes, como
un botín para repartirse en contrataciones inmorales, el derecho a una vida
digna y de calidad humana para ellas y ellos seguirá aplazada de “Cero a Siempre”.
